Según el DESI (Digital Economy and Society Index), España es la séptima economía de la UE en cuanto al grado de digitalización del país; esto es, si bien su posición razonable, es inferior a su potencial como cuarta economía europea en términos de PIB. Este ranking remarca como aspectos positivos la conectividad instalada (p.ej., fibra y 5G) y la Administración electrónica (p.ej., la AEAT y los planes del Gobierno sobre digitalización), mientras que señala como mayores debilidades las habilidades digitales de la población y la integración de la tecnología en la sociedad (p.ej., uso de cloud, e-commerce, etc. en empresas y ciudadanos).

Recientemente, la Administración ha hecho avances significativos en impulsar la transformación digital del país. Por un lado, ha desarrollado un marco estratégico plurianual (Agenda Digital 2026 y los subsiguientes planes); por otro lado, ha implementado iniciativas que buscan impulsar la gestión del dato por parte de las AAPP (p.ej., creación de la Oficina del Dato) y la digitalización de la economía (p.ej., Programa Kit Digital).

No obstante, creemos que debería darse más importancia a la correcta gestión y aprovechamiento de los datos por parte de las Administraciones Públicas, dado que es un aspecto fundamental para mejorar el bienestar del ciudadano y para poder aprobar políticas públicas informadas. 

Para formarnos un punto de vista respecto a España y elaborar potenciales recomendaciones, hemos realizado un análisis de mejores prácticas tanto de otras Administraciones Públicas de otros países, como del sector privado, en donde en muchos casos la utilización del dato para tomar decisiones informadas ya está imbuido en la toma de decisiones. 

En esta línea, creemos que se debería revisar y transformar el modelo del Dato de las AAPP, ya que, a pesar de la creación nominal de la Oficina del Dato y la elección formal del Chief Data Officer, esta institución requiere más recursos e influencia para tomar decisiones y permear en las distintas capas de la Administración Pública. El objetivo de esta propuesta es conseguir una mejor gestión del dato público y una madurez operacional en torno a ellos para habilitar una mejora en las interacciones que los ciudadanos tienen con las AAPP y aprobar políticas públicas informadas, basadas en datos objetivos y análisis robustos.

Esta iniciativa no solo se centra en rediseñar y fortalecer los recursos y el mandato de la actual Oficina del Dato, sino también revisar los principios éticos y la estrategia del dato, el marco regulatorio fundamental, los procesos y el seguimiento del modelo del dato, la arquitectura del sistema, las herramientas de software y hardware requeridas, los recursos económicos y humanos requeridos acordes a la relevancia del proyecto y el marco de ciberseguridad y gestión de incidencias del sistema. Las iniciativas más relevantes son:

• Elevar el rango del Chief Data Officer en la Administración central y otorgarle una influencia transversal al Gobierno para adecuar la estructura a la relevancia estratégica de su mandato (i.e., la Oficina del Dato dependiendo o bien del Gabinete del Presidente, el Ministerio de la Presidencia, u otro Ministerio de Digitalización, Datos y otra cartera compartida)
• Extender el foco de trabajo del CDO a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales para aumentar su influencia transversal a las Administraciones regionales y garantizar así la interoperabilidad de los sistemas más allá de la Administración General del Estado (AGE) en materias de competencia autonómica (p.ej., mediante reporting directo con el CDO central y Consejos Interterritoriales del Dato)
• Establecer mecanismos de negociación con las Administraciones autonómicas y locales fundamentadas en el quid pro quo para conseguir apoyo político a la centralización de la política sobre el dato público en caso de posibles obstáculos competenciales
• Multiplicar los recursos económicos y humanos de la Oficina del Dato de forma que en vez de dedicar ~6 empleados a tiempo completo y un presupuesto de 3M€, sus recursos se eleven a niveles similares a otras Oficinas del Dato analizadas (30-50 empleados a tiempo completo y 20-30M€ en países con población de ~10 y 30 millones respectivamente para garantizar que los recursos asignados se adecúan a la relevancia estratégica y la ambición de su mandato

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